EL
SOMETIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN A LA LEY
Art.
1 CE. "España se constituye en un Estado social y
democrático de Derecho"
Art.
9.1 CE, "los ciudadanos y los poderes públicos
están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".
Art.
9.3 CE "la Constitución garantiza el principio de
legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos"
Art.
103.1 CE "la Administración Pública sirve con
objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento
pleno a la ley y al Derecho"
Art.
106.1 CE "los Tribunales controlan la potestad
reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el
sometimiento de ésta a los fines que la justifican".
EL
DERECHO ADMINISTRATIVO
Según la definición del jurista García de
Enterria:
El Derecho Administrativo es un
derecho público, del que constituye una de sus ramas más importantes, presentándose
íntimamente relacionado y subordinado al Derecho Constitucional, dada la primacía
de la propia Constitución.
El Derecho Administrativo es el
derecho común de las Administraciones Públicas, en cuyo ámbito éstas
desarrollan la actividad que les es propia, como opuesto a la expresión Derecho
Especial. El carácter estatutario de este derecho le hace ser, según este
autor, un microcosmos jurídico, que tiende a cubrir las posibles zonas en que
se mueven las Administraciones Públicas, incluso aquellas que constituyen el
objeto de regulación de otros derechos.
Para que exista una relación jurídico
administrativa, regulada por este Derecho Administrativo, es preciso que, al
menos, una de las partes en dicha relación sea una Administración Pública, actuando
directamente ella misma, o incluso a través de particulares que actúan en lugar
de ella (por ejemplo, un concesionario de un servicio público).
La Administración, además de actuar como
tal, puede actuar en determinadas relaciones como un particular más, en cuyo
caso se le aplicará el Derecho Privado, y su control se verificará ante los
Tribunales ordinarios y no ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
FUENTES
DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
Garrido Falla entiende por fuentes del
Derecho Administrativo "aquellas formas o actos a través de los cuales
el Derecho Administrativo se manifiesta en su vigencia".
El Código Civil en su artículo 1 establece
que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y
los principios generales del derecho.
JERARQUÍA
DE LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
Fuentes directas:
- La Constitución
- Las Leyes Orgánicas, ordinarias, y demás actos con fuerza de Ley (Decretos Legislativos, y Decretos Leyes)
- Reglamentos del Gobierno (o del Consejo de Gobierno de la CCAA); aprobados por Decreto.
- Reglamentos o normas de las Comisiones Delegadas de Gobierno, aprobadas por Orden de las mismas
- Reglamentos o disposiciones Ministeriales (o de las Consejerías de la CCAA), aprobadas por Orden Ministerial (o de la Consejería que se trate).
- Reglamentos o normas de otras Autoridades inferiores y otras Entidades Públicas, es decir, Resoluciones y demás disposiciones de las Autoridades y órganos inferiores, según el orden de su respectiva jerarquía, y la normativa emanada de otras Corporaciones Públicas, como las Ordenanzas y Reglamentos de las Corporaciones Locales y los Bandos de los Alcaldes.
Fuentes directas subsidiarias:
Se aplican en defecto de las fuentes
directas:
- La costumbre solo tiene trascendencia en el Derecho Administrativo cuando el Legislador expresamente afirma que en determinadas circunstancias se aplicará la costumbre. No pude ser una costumbre contraria a la Ley.
- Prácticas y usos administrativos, la práctica administrativa no es fuente
del derecho, sino que a lo más puede ser invocada para controlar conductas
arbitrarias de
- Los principios generales del Derecho, nos pueden valer para completar determinadas lagunas del legislador para interpretar el sentido de las normas. Los principios generales del Derecho son utilizados directamente para resolver determinadas situaciones. Desempeñan un importante papel en el ordenamiento administrativo
- Los Tratados Internacionales, que son la forma mediante la cual el Estado se obliga o compromete internacionalmente. Sólo formarán parte de nuestro ordenamiento interno como fuente directa una vez publicados íntegramente en el Boletín Oficial del Estado y sus disposiciones sólo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.
Fuentes aclaratorias:
- La jurisprudencia, al dirimir los conflictos, al aplicar el derecho, va sentando unos criterios, una opinión sobre lo que estima los jueces que el legislador ha decidido. No solo es la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, sino también de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional la que se aplica.
- La doctrina implica una importante aportación para la aclaración del contenido de las normas. El meditar sobre el sistema de conjunto al que el ordenamiento responde, el interpretar lógicamente, conectando sus distintos elementos, sus estructuras, es labor importante y decisiva en un ordenamiento tan complejo como el administrativo.
ESPECIAL
REFERENCIA A LA LEY
La Ley es una norma estatal y escrita, de
especial importancia y rango, que se diferencia de las demás normas estatales
por su procedencia y por los especiales requisitos en su formación,
contraponiéndose a las normas o disposiciones estatales sin significado de ley.
Titularidad legislativa
El Estado y las CCAA son los titulares de
la potestad legislativa.
En cuanto a la potestad legislativa del
Estado, la ejercen las Cortes Generales, con arreglo al art. 66.2 CE.
En lo que concierne a las CCAA,
corresponde a sus respectivas Asambleas Legislativas.
La sanción
de las Leyes corresponde al Rey (art. 62 CE), estableciendo el art. 91 de
la CE que "el Rey sancionará en el plazo de quince días las Leyes
aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata
publicación".
En cuanto a la sanción y promulgación de
las Leyes de las CCAA, corresponderá al Presidente de cada una de ellas, en
nombre del Rey.
Clases de leyes
Leyes
orgánicas
Leyes básicas reguladoras de determinadas
instituciones del Estado.
Art. 81.1, son leyes orgánicas:
- Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas (específicamente, los reconocidos en los arts.15 a 29 CE)
- Las que aprueben los Estatutos de Autonomía
- Las que regulen el Régimen Electoral General
- Las demás previstas en la Constitución:
- Las bases de la organización militar (art.8.2)
- La institución del Defensor del Pueblo (art.54)
- El régimen de suspensión de derechos fundamentales para determinadas personas (art.55.2)
- Las dudas, renuncias, etc. respecto a la sucesión en la Corona (art.57.5)
- La iniciativa popular legislativa (art. 87.3)
- Las modalidades de referéndum (art.92.3)
- La autorización para la celebración de Tratados Internacionales por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (art.93)
- Las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 107)
- Los estados de alarma, excepción y sitio (art.116)
- La constitución, funcionamiento y gobierno de Juzgados y Tribunales y el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carreta y del personal al servicio de la Administración de justicia. (art.122)
- La composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas (art. 136)
- La alteración de los límites provinciales (art. 141.1)
- La autorización de la constitución de CCAA cuyo ámbito territorial supere el de una Provincia y no reúna las condiciones del art. 143.1, el otorgamiento de Estatutos de Autonomía a territorios no integrados en la organización provincial y la sustitución de las Corporaciones Locales a que se refiere el art.143.2 (art.144)
- La creación de Policías dependientes de las CCAA (arts.148.1.22, y 149.1.29)
- Los términos del referéndum previsto en el art. 151.1
- El ejercicio por las CCAA de las competencias financieras a que alude el art. 157.1. Las normas para resolver los conflictos entre éstas y el Estado y la regulación de las posibles formulas de colaboración financiera entre los mismos (art.157)
- El funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones (Art. 165)
- En cuanto a su aprobación, modificación o derogación, se exige la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- Se prohíbe la delegación de las Cortes Generales en el Gobierno para dictar normas sobre materias que han de ser reguladas por ley Orgánica.
Leyes
ordinarias
Son el resto, elaboradas y aprobadas por
las Cortes Generales en Pleno o en Comisiones, con arreglo a los arts. 87 a 90
y 79 CE.
Leyes
básicas
Son las dictadas por el Estado en
materias que, aun siendo de su competencia, pueden ser compartidas por las
Comunidades Autónomas de acuerdo con el art. 149. Estas leyes recogen los
preceptos más importantes sobre la materia que el Estado pretende que sean de
aplicación general, dejando para las Comunidades Autónomas su desarrollo mediante leyes propias,
regulando aquellos aspectos que tengan menor trascendencia con las leyes de
desarrollo.
Leyes Marco
Sirven
para ampliar las compentencias de las CC.AA. permitiéndoles legislar en
materias de competencia estatal (las reguladas en el art. 149 de la CE ) pero dentro de los límites
que la norma establezca. Son leyes ordinarias, por lo demás.
Leyes
referendadas
Son las que precisan el refrendo del
pueblo expresado en referéndum. Además de la reforma constitucional total o
referida a las materias más importantes, el Rey llamará al pueblo a expresar su
opinión en referéndum a propuesta del presidente del Gobierno y con la
autorización del Congreso.
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley
Decretos-
Leyes
La CE, en su art 86 dispone que "en
caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-Leyes
y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del
Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el
Título I, al régimen de las CCAA, ni al Derecho electoral General.
Los Decretos-Leyes deberán ser
inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad del Congreso de
los Diputados, convocado al efecto si no estuviese reunido, en el plazo de los
treinta días siguientes a su promulgación.
El Congreso habrá de pronunciarse
expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo
cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
Durante el plazo establecido en el
apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como Proyectos de Ley, por el
procedimiento de urgencia".
Decretos
Legislativos
Norma del Poder Ejecutivo con valor de
Ley, fruto de una colaboración habitual en la producción normativa entre el
Parlamento y el Gobierno y no una excepción como el Decreto-Ley.
Se elaboran siempre sobre la base de una
previa delegación parlamentaria al Gobierno. El Parlamento se limita a
establecer las pautas políticas y jurídicas que luego deben desarrollarse por
el Gobierno al aprobar estas normas. Se trata de un fenómeno de colaboración
legislativa del Gobierno en la creación de normas con rango de ley.
La delegación legislativa habrá que
otorgarse al Gobierno de forma expresa, para materia concreta, con fijación de plazo
para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el
Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No puede
entenderse concedido de modo implícito o por tiempo indeterminado. Asimismo,
tampoco se permite la subdelegación.
Leyes
de Bases y Textos Articulados:
Son aquellas que fijan unos puntos
programáticos, unas directrices, aunque deben delimitar con precisión el objeto
y alcance de la delegación y los principios y criterios que han de seguirse por
el Gobierno al desarrollarlos (art.82.4), aprobando el texto articulado de la
Ley.
Se prohíbe expresamente que le Ley de
Bases autorice la modificación de dichos principios y criterios contenidos en
la misma.
Leyes
de delegación ordinarias y textos refundidos:
A diferencia de las Leyes de Bases el Gobierno no aporta nada nuevo, únicamente
refunde una serie de leyes dispersas y sucesivamente promulgadas, incluyéndolas
en un texto coherente.
El texto refundido es la reunión de un conjunto de Leyes anteriores,
es un trabajo de racionalización del ordenamiento.
EL
REGLAMENTO
Es una disposición general dictada por la
Administración pública con rango inferior a la ley. Ésta disposición
administrativa recibe distintas denominaciones: Decreto, Orden Ministerial,
Circulares, Bando, Ordenanza.
Los Reglamentos, en cambio, son la
consecuencia de las competencias propias que el ordenamiento jurídico concede a
la Administración.
La Administración no podrá por vía
reglamentaria:
- Regular las materias que se enumeran en los art. 81.1. y 53.1 y demás preceptos constitucionales que atribuyen materias a la ley formal.
- Establecer ni imponer penas.
- Establecer y exigir prestaciones personales obligatorias
- Establecer tributos ni otro tipo de exacciones, tasas, cánones, derechos de propaganda, ni otras cargas similares
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