29 enero 2015

EL RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL

Administración Local: sector de la Administración Pública integrado por los Entes Públicos menores de carácter territorial.

La Administración Local forma parte de la Administración Pública, los Entes que en ella se comprenden están investidos de las prerrogativas y potestades propias de carácter derivado, pues aunque son Entes públicos, son menores, es decir, existen jurídicamente porque el Estado los crea o reconoce.

Régimen local


Administración Local y Régimen Local

Administración Local. La Administración Local es una de las Administraciones en las que se subdivide la Administración Pública y es la que representa el conjunto de entes territoriales dotados de personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado y de la de las CCAA y que se caracteriza por la representación electiva de sus miembros y el carácter autónomo de su gestión frente a otras Administraciones Públicas.

Régimen Local: El Régimen Local se refiere a los derechos y obligaciones, a las normas que rigen la vida de estos entes públicos y que se caracteriza por la autonomía, cuya efectividad se logra a través de dos instituciones jurídicas, a saber: la representatividad directa y la personificación. La primera, se proyecta por la puesta en práctica de un sistema democrático de elecciones. La personificación de los órganos de gobierno de las Corporaciones Locales se manifiesta, como establece el art. 140 CE, en los respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.

ENTIDADES LOCALES

  • El Municipio, que es una entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la respectiva colectividad"
  • La Provincia, que define el art. 31 Ley de Bases del Régimen Local como "Entidad Local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"
  • La Isla en los archipiélagos balear y canario, con idéntica autonomía para la gestión de sus intereses ( art. 1.2), y gobernadas, administradas y representadas por los Cabildos y Consejos Insulares. (art. 41)
  • Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las CCAA, para la administración descentralizada de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, pédanlas, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes.
  • Las Comarcas u otras Entidades que agrupen a varios Municipios, instituidas por las CCAA de conformidad con esta Ley, y los correspondientes Estatutos de Autonomía. Se trata, de acuerdo con el art. 42 LRL, de una agrupación de Municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito.
  • Las Áreas Metropolitanas, a las que define el art. 43.2 como Entidades Locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.
  • Las Mancomunidades de Municipios, para la ejecución en común de obras y servicios de su competencia ( art. 44.1)


25 enero 2015

La Responsabilidad de la Administración Pública


Responsabilidad Administración Pública



INTRODUCCIÓN

El art.106.2 de la Constitución Española consagra el principio de la responsabilidad de la Administración Pública, al establecer que "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".


PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD

El art. 139 de la ley 30/92 establece que:

"Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas

Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos.

La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial"